¿En qué medida la mayor presencia de mujeres representantes en el Congreso permite legislar a favor de temas de igualdad de género? ¿Por qué algunos temas feministas sí son incorporados a la agenda parlamentaria y otros no? Estas son algunas de las grandes preguntas planteadas por los estudios sobre representación política, generalmente analizados como la relación entre representación descriptiva y sustantiva.
La legislatura de la paridad (2018-2021) constituye un caso de estudio relevante para abordar dichas interrogantes. Sin duda, esta legislatura saliente hizo avances cruciales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tales como la reforma de paridad en todo -esto es, en los tres poderes del Estado, organismos autónomos, pueblos y comunidades indígenas, así como en los tres órdenes de gobierno-, la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la prohibición del matrimonio infantil, el derecho a guarderías para hombres trabajadores, entre otros. Dichos avances deben entenderse como el resultado de una combinación de factores: la composición paritaria de la legislatura y el efecto del activismo de larga data de las feministas institucionales y de colectivos que han impulsado un conjunto de temas relativos a la igualdad de género al punto de que éstos fueron los más legislados después de los temas económicos y fiscales.1
La entrada de las feministas a la arena institucional cambió el enfoque “mujeril” de políticas proteccionistas y conservadoras, por otro de igualdad, lo cual ha tenido un impacto en los programas gubernamentales y en el propio diseño institucional.2 Ejemplo de ello son la aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), la tipificación del feminicidio (2012) y la aprobación de la paridad en legislaturas locales y federales en 2014, que derivó en la conformación de legislaturas paritarias. Estas reformas, y muchas de las aprobadas por la legislatura de la paridad, apuntan hacia la fundación de un nuevo pacto social que reestructure las relaciones entre géneros.
No obstante estos avances, conviene detenerse en un problema: aun si las legislaturas son paritarias esto no necesariamente implica que todas las proclamas del movimiento feminista sean llevadas a la arena legislativa; ese es el caso de la interrupción legal del embarazo la cual no fue incorporada a la legislatura de la paridad. Veamos estos avances y temas pendientes.
Ilustración: Belén García Monroy
Los avances
En los últimos años la presencia de las mujeres en el Congreso se ha incrementado al punto de alcanzar la paridad. La LXIV legislatura (2018-2021) está integrada con 48.2 % de mujeres en las diputaciones y 49.2 % en las senadurías. Respecto de los órganos internos de decisión también hubo avances aunque fueron menores. Entre 2018 y 2021, la Cámara de Diputados fue presidida por dos mujeres: Laura Rojas Hernández (2019-2020) y Dulce María Sauri Riancho (2020 a la fecha), mientras que el Senado fue presidido por Mónica Fernández Balboa (2019-2020). Las senadoras presidieron 45 % de las comisiones ordinarias y coordinaron dos de los ocho grupos parlamentarios (PT y PES). En la Cámara de diputados dos de siete grupos fueron coordinados por mujeres (MC y PRD), así como 41 % de las comisiones ordinarias.
Algunas de las leyes emblemáticas aprobadas fueron las siguientes:
i) La aprobación y ratificación del convenio 189 de la OIT para que las personas trabajadoras del hogar gocen de condiciones iguales a las que disfrutan los trabajadores en general en materia de protección de la seguridad social, salarios, acceso a la justicia laboral, contratación, etcétera. El Convenio 189 −aprobado en 2019 y ratificado en 2020− entrará en vigor en julio de 2021, con lo que sus disposiciones tendrán un rango constitucional y funcionarán como principios para otras leyes, normas y reglamentos, tanto generales como locales de acuerdo con la reforma de derechos humanos de 2011.
ii) La paridad en todo, gracias a la cual en el proceso electoral de 2021 hay 56 mujeres contendiendo por gubernaturas por partidos nacionales y locales.
iii) Prohibición del matrimonio infantil en todas las entidades federativas.
iv) El marco normativo en materia de violencia política contra las mujeres dando lugar al Registro Nacional de Personas Sancionadas por dicho delito y dio pie a la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia para que no accedan a cargos públicos las personas sancionadas por ejercer violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, así como por estar registrado como deudor de una pensión alimentaria. Por supuesto, aquí quedan problemas por resolver. La red de organizaciones y colectivas feministas “Observatoria Todas MX” ha documentado que en el proceso de 2021 hay 76 candidatos acusados por violencia de género.3 El caso más sonado fue el de Félix Salgado Macedonio.
A pesar de estas cifras, lo alentador es que ahora es posible visibilizar a los candidatos acosadores y, así, elevar el estándar ético de las candidaturas que postulan los partidos políticos. Esto no era un tema público hasta hace poco y su colocación en la agenda se debe a la acción conjunta entre legisladoras, el INE, las redes de mujeres organizadas y los medios de comunicación. En este tema, los partidos son un obstáculo ya que dejan pasar estas candidaturas por razones de cálculo electoral y premiación de lealtades políticas.
v) Ley de amnistía para personas sentenciadas por aborto. A un año de vigencia de la ley, la Comisión de Amnistía admitió la procedencia de amnistía de 38 personas, sin que ninguna de ellas concluya el proceso todavía, de acuerdo con datos del Observatorio de Amnistías, por lo que la implementación de esta ley es todavía una promesa incumplida.
vi) Derecho a guarderías para hombres con lo cual se combate el estereotipo de que las labores de cuidado son responsabilidad exclusiva de las mujeres.
vii) La ley Olimpia contra el acoso digital por la cual se aprobaron sanciones penales por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
Todas estas leyes atacan directamente desigualdades en razón de género y, por ende, buscan ampliar los derechos y hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres.
Los retrocesos y la agenda congelada
Sobre las deudas del Poder Legislativo en relación con la agenda feminista identificamos que el debate sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) estuvo “congelado” en la legislatura paritaria. Desde 2018, se presentaron más de 11 iniciativas en la materia en el Senado y en la Cámara de Diputados por parte de diputaciones del grupo mayoritario como Lorena Villavicencio, Porfirio Muñoz Ledo, así como de diputados/as del PRD y PT, entre otros, pero todas sus propuestas quedaron pendientes de dictaminar en comisiones. El día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, el 28 de septiembre de 2020, organizaciones feministas exigieron a las diputadas aprobar la interrupción legal del embarazo, que dejen de pronunciarse con fines electorales y que legislen;4 sin embargo, el tema no prosperó en la agenda legislativa.
Los derechos reproductivos son una fuente de división entre bancadas, dentro de los grupos parlamentarios, entre las mujeres y en el electorado puesto que es una práctica muy penalizada socialmente. La LXIV legislatura no fue la excepción: a pesar de que algunas legisladoras de la primera fuerza en el congreso (Morena) se comprometieron públicamente con la aprobación de la interrupción legal del embarazo la propuesta no pasó de ser una declaración pública (GP-Morena, 2020). Por el contrario, la reacción del presidente de la JUCOPO en el Senado fue en el sentido de que antes de dictaminar “hay que escuchar todas las voces […], que buscará que no haya imposiciones que lesionen la convivencia social”.5 En los hechos la interrupción legal del embarazo no estuvo en la agenda presidencial ni en la agenda del partido mayoritario.6 Pese a ser un asunto de salud pública y de ejercicio de derechos reproductivos, y a tener una integración paritaria de la legislatura, y pese a que la bancada mayoritaria es “de izquierda”, la interrupción legal del embarazo no logró los consensos necesarios para su promoción y aprobación.7
También es preciso señalar que las leyes no resuelven automáticamente los problemas que pretenden atacar. En marzo de 2021, se registraron 11.6 feminicidios al día. Esto evidencia que las políticas públicas no están funcionando y el problema está empeorando. En estos tres años de gobierno las instituciones de atención a víctimas tuvieron recortes presupuestales, como la Fevimtra (Fiscalía especializada para delitos de violencia contra las mujeres,) Conavim, Inmujeres.8 También disminuyó el presupuesto federal para algunos programas. El presupuesto etiquetado para programas de igualdad de género aumentó en 20 % en 2021, pero está etiquetado para uno de los programas prioritarios del gobierno: la pensión para personas adultas mayores, el cual no está diseñado con perspectiva de género.9 Todo ello constituye retrocesos graves en la prevención, atención sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.
Otros temas legislativos que quedaron pendientes de aprobación y que constituyen una deuda de la legislatura de la paridad de género con las mujeres fueron las leyes reglamentarias de paridad en todo, las leyes secundarias para la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, la eliminación del IVA a los productos para la gestión menstrual y la aprobación de la gratuidad de dichos productos, la eliminación de la brecha salarial de género, la garantía del aborto seguro a niñas y adolescentes de manera oficiosa por considerarlo una violación a sus derechos humanos, la ampliación de las licencias de paternidad, la aprobación de políticas fiscales y presupuestos con perspectiva de género (no solo el Anexo 13), entre otras.
¿Por qué fueron relegados algunos temas de la agenda feminista durante la legislatura de la paridad de género? La interrupción legal del embarazo y el aborto seguro a niñas y adolescentes embarazadas son temas divisorios que podrían ser costosos política y electoralmente; la eliminación del IVA y la gratuidad de los productos de gestión menstrual implican transformaciones presupuestarias programadas; el combate a las violencias contra las mujeres con presupuestos asignados no fueron prioridad de la agenda presidencial (de austeridad) y, por tanto, tampoco lo fue para el grupo mayoritario en el Congreso.
A ello se agrega el discurso oficial frente a las activistas feministas quienes reclaman acciones efectivas para erradicar el acoso y las violencias hacia las mujeres. Como plantea Cerva (2020) la cuarta ola del feminismo tiene como objeto de reclamo a la autoridad, ya sea el Estado o la universidad.10 El reclamo ante el feminicidio, la desaparición y la violación se ha topado con una posición oficial que invalida la palabra de las mujeres, lo cual provoca una segunda indignación y genera un hartazgo entre las víctimas. Además, al criminalizar la protesta feminista se contribuye, tal vez sin quererlo, a la normalización de la violencia. Se transmite la idea de que las feministas son irracionales y violentas y eso borra la importancia de los temas que colocan en la agenda. Todo ello constituye un obstáculo para la fundación de un nuevo pacto social.
La paridad no es solamente un asunto técnico-electoral relativo a las candidaturas y el acceso a los cargos, sino también un principio normativo que apunta hacia una refundación del pacto social que redistribuya el poder entre mujeres y hombres y que desestructure las relaciones desiguales y de subordinación entre géneros en el ámbito privado.11 Esto supone un proceso de enormes cambios culturales que vuelvan inaceptables un conjunto de prácticas que vulneran los derechos y el trato digno a las mujeres como individuos. Para ello, se requiere de un debate público entre redes de feministas, organizaciones sociales, instituciones y partidos para la creación de una agenda colectiva y una guía de acción con parámetros claros para la rendición de cuentas sobre los avances en la agenda feminista.
Esperanza Palma. Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco
Lorena Vázquez Correa. Investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
1 Palma, E.; Vázquez, L.; Vázquez Marisol y Morales, G. 2021, De la representación descriptiva a la sustantiva: los retos de la democracia paritaria en México (un análisis y clasificación de la legislación en materia de género en cinco legislaturas), Inmujeres-Conacyt, México.
2 Serret, E. “El feminismo mexicano de cara al SXXI”, El Cotidiano, 100, México, 2000, pp. 42-51.
3 Sandoval, Y., Entrevista en “Hay 76 candidatos acusados por violencia de género: Observatoria Todas MX”, CdMx en la Red, Ciudad de México, 2021.
4 Xantomila, J. “Exigen a diputadas ‘feministas’ legalizar el aborto en todo México”, La Jornada, México, 2020.
5 Moreno, T. “Monreal pide escuchar a víctimas de violación, antes de dictaminar aborto seguro”, El Universal, México, 2020.
6 Un ejemplo de la falta de acuerdo y convicción dentro del partido mayoritario es lo declarado por la candidata plurinominal a la Cámara baja para 2021, Patricia Armendáriz, en el sentido de que no es feminista y no apoyará a este movimiento. Lo que le interesa es impulsar un Estado de bienestar. Cf. https://cutt.ly/jbBV6Px].
7 García-Martínez, A. “Pendientes 11 iniciativas para despenalizar el aborto a nivel federal en México”, CimacNoticias, México, 2021.
8 Arteta, I. “Aumenta 20% presupuesto etiquetado para mujeres, pero en programa para adultas mayores”, Animal Político, México, 2020.
9 Ibid.
10 Cerva, D. “La protesta feminista en México: la misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 65, México, 2020, pp.177-205.
11 Cf. Cobo, R. “Sexo, Democracia y Poder Político”, Feminismo/s, 3, México, 2004, pp. 17-29.