Morelia, Michoacán, a 13 de mayo de 2020.- Con relación a la iniciativa de reforma al Código Penal y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, recientemente presentada ante el Congreso del Estado para castigar la filtración de información de víctimas de homicidio, este Observatorio de Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, señala lo siguiente:
1. Manifestamos nuestro apoyo y respaldo al proyecto de decreto para establecer la sanción por el filtrado de información de víctimas de homicidio en el Código Penal del Estado de Michoacán, y establecer como falta grave el filtrado de información en las investigaciones administrativas de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán.
2. Ante los retos que plantea la velocidad de la información en las redes sociales y las plataformas digitales, se hace imperante actualizar los marcos jurídicos a las conductas que pueden resultar constitutivas de delitos.
3. Se trata de una iniciativa de gran relevancia, porque establece consecuencias legales a quienes filtren información que vulnere o atente contra los derechos de las personas que han sido víctimas de un delito, en este caso, del delito de homicidio.
4. Es lamentable que, hoy en día, el filtrado de imágenes que revictimizan a las personas sea una práctica común en las redes sociales y otras plataformas de consulta de información, por lo que legislar en la materia es un paso que este Observatorio apoya y respalda.
5. Por lo anterior, exhortamos a las y los diputados del Congreso del Estado a analizar y aprobar este proyecto de iniciativa que resulta necesario para beneficio de la sociedad michoacana al promover, incluso, que las y los servidores públicos que tienen a su alcance o acopio información sensible de las víctimas de un delito, los estándares de ética y responsabilidad de sus cargos.
6. Este Observatorio hace un llamado a las y los profesionales de la comunicación y el periodismo, a mantener un manejo informativo basado en la ética, la veracidad y las prácticas apartadas de la apología del delito, del sensacionalismo, la saña, la mofa y el morbo que generan revictimización, banalizan la violencia, atentan contra la dignidad, la intimidad e identidad de las víctimas y sus familias, y obstaculizan el debido proceso.