Morelia, Michoacán, 4 de abril del 2022.- Más de mil 740 millones de pesos ahorrará el Gobierno de Michoacán al quedar sin efecto los procedimientos jurídicos que promovió la administración pasada para registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un contrato de servicios de conectividad, monitoreo de seguridad y de radiocomunicación del C5i, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“El contrato era para que el sistema contara con intercomunicación directa con elementos policiacos y patrullas a fin de desplegar acciones, pero actualmente no hay nada, el C5i que nos han entregado es literalmente un elefante blanco”, afirmó el Gobernador.
En conferencia de prensa, el mandatario explicó que mediante el Decreto Legislativo 653 se autorizó al Ejecutivo adquirir deuda pública a 12 años, bajo la figura de Asociación Pública Privada (APP), con el propósito de invertir en equipamiento del C5i, para lo cual Gobierno del Estado contrató los servicios de la empresa SPE Michoacán Seguro S.A. de C.V.
Acompañando por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, César Ocegueda Robledo, el gobernador informó que para el pago de esa deuda se pretendía echar mano del 100 por ciento del recurso recaudado por holograma vehícular, y del 30 por ciento de los ingresos obtenidos por el Impuesto Sobre la Nómina.
Indicó que los procesos de construcción del C5i y de contratación de dicha empresa, fueron irregulares dado que se realizó sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se emitieron pagos a la empresa sin previo registro de la APP, como lo establece la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
En dos ocasiones, la anterior administración realizó el trámite de inscripción del contrato de APP ante la SHCP; sin embargo, el registro fue denegado puesto que ya se habían realizado pagos a la empresa sin cumplir con las disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Ante estas negativas, el gobierno encabezado por Silvano Aureoles promovió la Controversia Constitucional 112/2021 ante la SCJN y un Juicio de Nulidad 1161/21-21-01-4-OT, ante la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; no obstante, ambos procedimientos fueron sobreseídos por las acciones legales interpuestas por el actual Gobierno estatal.
Ramírez Bedolla puntualizó que, si bien ya queda sin efecto la deuda y el contrato con la empresa, aun se debe equipar el C5i, por lo que este mismo año se reforzará el sistema y sin endeudamiento.